La sentencia condenatoria al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, concluye la fase principal del proceso penal que la Procuraduría General de la República (PGR) promovió contra el exmandatario por el uso de empresas fantasma.
Cabe mencionar que sobre Duarte de Ocho aún pesan casos pendientes que podrían introducirse en nuevos procesos y condenas.
Contra Javier Duarte se han abierto tres procesos penales hasta ahora y, uno de ellos, era el promovido por la PGR por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, ilícitos por los que ya fue sentenciado el pasado miércoles.
Pese a que la sentencia fue pactada entre las partes, el caso todavía no está cerrado. Los abogados de la víctima (Javier Duarte) tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar alguna apelación.
Si en los cinco días no hay alguna novedad, se considera que la sentencia queda firme y entonces se convocará otra audiencia ante un juez denominado “de ejecución”, quien definirá en qué centro penitenciario deberá cumplir su sentencia el exgobernador veracruzano.
La condena de cárcel impuesta a Javier Duarte no podrá ser cambiada por otra medida, y será hasta luego de cumplir la mitad de la sentencia (4 años y medio), el exmandatario podrá solicitar el beneficio de la libertad condicional, por lo que podría cumplir la otra mitad de su condena en libertad y con una medida alternativa, que podría ser el brazalete electrónico.
Los otros dos procesos contra Duarte son a nivel local, mismos que fueron promovidos por la Fiscalía General de Veracruz y que ya están en curso.
Uno es por el uso ilegal de un helicóptero y el otro por el presunto desvío de dos millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas.
Sobre estos ilícitos, el Fiscal General Jorge Winckler adelantó que por esos procesos el Ministerio Público solicitará al juez una condena de al menos 15 años de cárcel.
Al igual que en el proceso a nivel federal, Javier Duarte tiene la posibilidad de declararse culpable para buscar sentencias reducidas y no llegar a un juicio oral.
Cabe mencionar que hay dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte que aún no se han podido ejecutar, razón por la que no han iniciado los procesos correspondientes.
Una de las órdenes de aprehensión es por delitos electorales, pues su administración fue responsabilizada de haber retenido ilegalmente recursos etiquetados para el órgano electoral local, poniendo en riesgo la realización correcta de elecciones.
La otra orden de aprehensión es por desaparición forzada, delito que es considerado como grave y de lesa humanidad.
Dichas órdenes de aprehensión no han sido cumplimentadas es porque esos casos no se incluyeron originalmente en la solicitud de extradición presentada a Guatemala en abril del 2017.
La alternativa que tiene México es solicitar a Guatemala una excepción y si se concede, las órdenes de aprehensión podrán ejecutarse.
En curso están las carpetas de investigación vinculadas con Javier Duarte sobre las denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación presentadas ante la PGR por la desaparición de recursos federales en su sexenio.
Fuente: Animal Político
