El gobernador del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, firmó este martes la ley del “latido del corazón”, una de las medidas antiaborto más duras del país, que prohíbe interrumpir el embarazo después de las seis semanas de gestación.
“Nosotros protegemos a los inocentes, defendemos a los vulnerables, a los que no pueden hablar por sí mismos”, argumentó el gobernador Brian Kemp al firmar la medida, mientras activistas protestaban por el recorte de derechos reproductivos. “Permitiremos que preciosos bebés crezcan y desarrollen el potencial que les dio Dios”, prosiguió.
Brian Kemp, quien venció en unas polémicas elecciones a la afroamericana Stacey Abrams, firma la “ley latido” (AP) Brian Kemp, quien venció en unas polémicas elecciones a la afroamericana Stacey Abrams, firma la “ley latido” (AP).
Hasta ahora, otros cinco estados han aprobado medidas que prohíben el aborto apenas se puede escuchar el “latido del corazón” (algo que ocurre a las seis semanas de gestación): Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa y Dakota del Norte. Otros estados, como Florida y Texas, están considerando leyes parecidas.
Todas han sido bloqueadas por un juez o serán llevadas a tribunales. Pero republicanos y activistas antiaborto esperan que medidas como ésta precipiten batallas legales que con el tiempo llegarán a la Corte Suprema de Justicia, cuya composición tiene ahora una mayoría conservadora, tras el nombramiento de dos jueces propuestos por Donald Trump.
Bajo las leyes actuales, las mujeres en Georgia pueden pedir un aborto hasta las primeras 20 semanas de embarazo. Si esta nueva ley no es bloqueada en los tribunales, entraría en vigencia el 1 de enero del 2020.
La medida de Georgia estipula que no se puede abortar cuando “se puede detectar el latido de un corazón humano”, pero hace la excepción en casos de violación e incesto (si la mujer lo denuncia ante la policía) y para salvar la vida de la madre. Otra excepción es cuando se determina que el feto no es viable debido a razones de gravedad médica.
El capítulo de Georgia de la mayor agrupación de defensa de derechos humanos de Estados Unidos, ACLU, ha prometido entablar una demanda contra la legislación, que considera inconstitucional.
