Luis Manuel Toto Pólito/San Andrés Tuxtla, Ver. – La orden de aprehensión que fue ejecutada infructuosamente este miércoles contra el ex alcalde de San Andrés Tuxtla Manuel “N”, pudo haber sido provocado por el desacato a la orden de comparecencia a la que el mismo ex edil, no asistió el pasado 21 de marzo a los tribunales de esta ciudad por alguna de las investigaciones que guarda la fiscalía especializada contra él.
El abogado Santos Velazco Ixtepan, especialista en la materia, refirió que el proceso penal que enfrenta Manuel “N” sigue vigente a pesar de que la orden de aprehensión no logró su cometido, debido a un amparo que muy probablemente promovió el ex alcalde, al saber que se había sustraído de su comparecencia, es decir, por no haber acudido a la cita del 21 de marzo del presente año.
Esta clase de amparos son promovidos en el fuero federal, y muy probablemente fue de carácter indirecto para darle tiempo a “Manuel N” a no ser detenido, aunque reiteró que esto no significa que se encuentre absuelto de la justicia, solo en libertad momentánea para enfrentar el debido proceso.
Velazco Ixtepan abundó que el asunto legal contra Manuel “N” tiene un antecedente, y podría remontarse a que la fiscalía especializada pudo haber logrado integrar una carpeta de investigación con datos y medios de prueba necesarios para que un juez de control del poder judicial, decidiera si el señalado, debió o no ir a juicio y decidir sus medidas cautelares, pero ante este panorama que no se dio, el mismo ex alcalde automáticamente “puso su propio cuello en la guillotina”.
Y es que debido a ello un juez marcó la sustracción de Manuel “N” y derivó en una orden de aprehensión que se ejecutó este miércoles 10 de abril pero que no logró su cometido.
Lo cierto es que esta clase de amparos es limitado y hasta cierto grado funciona para evadir la justicia momentáneamente, ya que al final de todo Manuel “N” tendrá que acudir a comparecer y finalmente podría ser imputado y vinculado a proceso, para posteriormente exigirle que pague por lo que se le inculpa.
Precisar que su probable detención se relaciona con un supuesto fraude a Liconsa. Mientras que por otro lado en septiembre del 2017 el ahora alcalde Octavio Pérez Garay, denunció a su antecesor quien otorgo un contrató de 36 millones de pesos para el cambio de luminarias a una empresa “fantasma”.