La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Estados Unidos rechazó la petición para asegurar bienes raíces en Florida, mismos que fueron presuntamente adquiridos por el exgobernador de Veracruz Javier Duarte con recursos públicos del estado.
En este sentido, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) indicó que la Procuraduría hizo la solicitud de asistencia jurídica a las autoridades de Estados Unidos para asegurar las casas y departamentos atribuidos a Duarte de Ochoa, aunque la respuesta fue negativa.
Al respecto, el fiscal adscrito a la SEIDF, Carlos Hernández Azuara, dijo: “Fuimos con el juez de control. Nos autoriza el aseguramiento de esos bienes, nosotros solicitamos a la autoridad estadounidense el aseguramiento de los mismos y no los aseguraron.”
“Nosotros hicimos toda la gestión necesaria y suficiente para lograr el aseguramiento, incluso con criterio del juzgador”, añadió.
Hernández Azuara señaló que los bienes son los reclamados por el gobierno de Veracruz en una demanda presentada ante una Corte de Circuito del Condado Miami-Deade, Florida.
Cabe mencionar que los bienes demandados en esa Corte son 41, entre ellos, 23 en Miami, cuatro en Homestead, cuatro en Florida City, tres en Doral, 2 en North Miami, mientras que el resto en Hialeah, Cutler Bay, Miami Shores y Coral Gables.
El inmuebloe en Coral Gables se localiza en una residencia valuada en nueve millones de dólares, cuya adquisición se atribuye José Janeiro Rodríguez, quien es considero como el cerebro financiero de Duarte y su esposa Karime.
Tras la solicitud que el gobierno de Veracruz hizo para la entrega de los 40 inmuebles decomisados a Duarte de Ochoa por el caso de asociación delictuosa y lavado de dinero, la Procuraduría General de la República indicó que será el Poder Judicial de la Federación el que resuelva al respecto.
“En este caso quien se encargará de resolver es el Poder Judicial, si en un momento dado hay algún interés por parte del señor Gobernador (Miguel Ángel Yunes)”, dijo el titular de la SEIDF, Felipe Muñoz.
Carlos Hernández Azuara manifestó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, los bienes serán repartidos en cuatro partes iguales.
“El artículo 250 del CNPP señala expresamente que el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas”, señaló.
El funcionario planteó que “hay que ser muy puntuales en cuanto a quién es víctima en los ilícitos que nos ocupan.”
Fuente:Reforma
