El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó ante el Pleno de la LXVII Legislatura una iniciativa que busca sancionar como delito ambiental local el daño doloso a las playas de anidación y hábitats costeros de especies protegidas, tales como las tortugas marinas.
La propuesta contempla reformas vinculadas a la competencia estatal y municipal, sin invadir la jurisdicción federal, mediante la adición de los Artículos 37 Bis y 37 Ter a la Ley de Vida Silvestre, así como del Artículo 263 Bis al Código Penal, ambas para el Estado de Veracruz.
En representación de la bancada, la diputada Estefanía Bastida Cuevas explicó que la reforma a la Ley de Vida Silvestre define como “espacios de tutela estatal” a las playas de anidación, corredores biológicos, dunas, humedales y la franja litoral bajo jurisdicción local que soporten los procesos de reproducción de la fauna marina. Asimismo, reconoce formalmente a los campamentos tortugueros y brigadas comunitarias por su participación y coadyuvancia organizada.
De igual forma, la iniciativa establece que el Estado y los Ayuntamientos tendrán la facultad de crear un inventario oficial de playas y hábitats de anidación, emitir lineamientos técnicos sobre alumbrado, mobiliario y restricciones a vehículos motorizados en la costa y registrar y respaldar a los campamentos tortugueros y brigadas comunitarias.
También, prevé la firma de convenios de coordinación con autoridades federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para articular las acciones locales con las federales.
Por otra parte, la legisladora Bastida Cuevas advirtió que la adición del artículo 263 Bis al Código Penal del estado sancionará a quien, sin autorización o violando los lineamientos, altere las zonas de anidación. Las conductas a castigar incluyen la instalación de iluminación nociva, la circulación de vehículos motorizados sobre nidos, el daño a la señalización y la destrucción de la infraestructura de vigilancia.
La pena prevista será de uno a seis años de prisión y una multa que va de las 200 a las mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs). El castigo aumentará hasta en una mitad si el delito ocurre en un Área Natural Protegida estatal, si interviene un servidor público aprovechando su cargo o si se genera un daño ecológico irreversible certificado mediante dictamen técnico.
La diputada indicó que la propuesta no requiere presupuesto adicional, toda vez que las tareas de vigilancia e investigación se realizarán con las estructuras actuales de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial.
“Esta reforma respeta el marco federal. Los delitos relacionados con la captura, posesión, comercio o tráfico de las especies o sus derivados seguirán siendo competencia exclusiva de la Federación”, concluyó.
A la propuesta se adhirieron las diputadas Elizabeth Morales García (PT), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI), así como la legisladora María Elena Córdova Molina y el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada, ambos de Movimiento Ciudadano (MC). La Mesa Directiva remitió la iniciativa a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal, para su análisis.
