Por unanimidad de votos, la LXVII Legislatura avaló diversas reformas al Código Penal y a la Ley Apícola para el Estado de Veracruz para fortalecer la protección del patrimonio de las y los apicultores veracruzanos, preservar una actividad estratégica para la producción de alimentos y contribuir a la conservación de la biodiversidad.
El dictamen, que registró 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, destaca que estas modificaciones establecen un marco jurídico más sólido para prevenir y sancionar el robo de bienes apícolas; asimismo, castigan los daños ocasionados a las colonias de abejas por el uso indebido de plaguicidas y modernizan el régimen administrativo aplicable a esta actividad productiva.
En materia penal, se incorporan expresamente los bienes apícolas dentro del delito de robo, incluyendo equipo, insumos, colmenas pobladas o vacías, núcleos de abejas y subproductos indispensables para la producción, además, se incrementan las sanciones cuando estos ilícitos se cometan en el medio rural, atendiendo a la vulnerabilidad de los apiarios frente al robo organizado.
De igual forma, se equipara al delito de daños la muerte de colonias de abejas o la destrucción parcial o total de apiarios, cuando sea consecuencia del uso de plaguicidas, agroquímicos u otras sustancias tóxicas que contravengan las disposiciones fitosanitarias, protegiendo el patrimonio de los productores sin invadir las competencias federales en materia ambiental.
En el ámbito administrativo, las reformas a la Ley Apícola incorporan el aseguramiento precautorio de colmenas, equipos, productos y subproductos cuando exista riesgo de movilización irregular. Además de establecer procedimientos específicos para garantizar su adecuada conservación, la supervivencia de las colonias vivas y el respeto al debido proceso.
También se actualiza el sistema de sanciones para expresarlas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), se fortalecen los mecanismos de trazabilidad de los bienes apícolas y se prevé que, cuando existan indicios de hechos delictivos, la autoridad administrativa dé vista a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Con esta reforma, subraya el dictamen, se reconoce que la apicultura representa una actividad económica fundamental para miles de familias veracruzanas dedicadas a la producción de miel, cera, propóleo, polen y jalea real, además de desempeñar un papel indispensable en la polinización de los cultivos y la conservación de los ecosistemas.
