El diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada presentó al Pleno una iniciativa que tiene como finalidad incorporar en la Ley un mandato claro para que las autoridades educativas garanticen el acceso a una educación inicial y básica de calidad mediante propuestas pedagógicas y programas educativos diversificados, diferenciados y especializados, que atiendan la interculturalidad en el aula, la organización y metodología multigrado y la perspectiva de derechos humanos y de género.
De igual forma, su propuesta prevé la obligación de adaptar dichos programas al tiempo de asistencia y continuidad escolar de niñas, niños y adolescentes cuyas familias se desplazan por motivos laborales.
La iniciativa para reformar una fracción al Artículo 48 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Veracruz busca dotar al marco jurídico estatal de herramientas conceptuales y operativas que permitan avanzar hacia un modelo educativo más flexible, inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural y territorial de Veracruz.
“Esta propuesta de reforma no solo actualiza la legislación, sino que fortalece la capacidad del Estado para garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes, sin excepción, ejerzan plenamente su derecho a la educación”, aseguró el legislador.
Indicó que en México cada año aproximadamente 300 mil menores abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades de la república en búsqueda de trabajo e ingresos. “Muchos de ellos tienen que trabajar en los campos desde muy jóvenes”.
El diputado precisó que la mayor parte de las niñas, niños y adolescentes hijos de jornaleros agrícolas provienen de comunidades indígenas que casi siempre son de zonas con pobreza extrema. “La migración laboral de estas personas suele ser en familias, y se vincula frecuentemente a temas de pobreza, discriminación, injusticia, marginación o salud”, añadió.
El contenido de la iniciativa refiere que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán garantizar que las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a familias migrantes o de jornaleros agrícolas, tengan acceso a una educación inicial y básica de calidad, con propuestas pedagógicas y programas educativos diversificados, diferenciados y especializados que atiendan la interculturalidad en el aula, la organización y metodología multigrado.
Así como la perspectiva de derechos humanos y de género; adaptados al tiempo de asistencia y a la continuidad en las actividades escolares, en razón de su movilidad familiar.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Se adhirieron a la misma las diputadas María Elena Córdova Molina, Ana Rosa Valdés Salazar y Luz Alicia Delfín Rodríguez, así como el diputado Ramón Díaz Ávila.
