La diputada Liud Herrera Félix presentó al Pleno de la LXVII Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que adicionaría un párrafo tercero a la fracción VI del Artículo 18 de la Ley de Educación del Estado, con la finalidad de establecer expresamente la obligación de las autoridades educativas de implementar mecanismos de prevención, detección temprana, atención, contención e intervención inmediata ante situaciones de riesgo grave de violencia escolar.
En su intervención durante la décima sesión ordinaria, la vocal de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia subrayó que su propuesta no pretende criminalizar a las y los estudiantes, sino fortalecer la capacidad preventiva del sistema educativo, promover una cultura de paz, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar la protección efectiva de la comunidad escolar.
La legisladora Herrera Félix indicó que con esta reforma se busca fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes dentro de los centros educativos; dotar de certeza jurídica a las facultades de actuación de las autoridades educativas; establecer mecanismos de prevención y detección temprana de conductas de riesgo y actualizar el protocolo ya existente para incluir los pasos de actuación inmediata ante situaciones de violencia grave.
Asimismo, favorecer la coordinación entre autoridades educativas, de seguridad pública, protección civil, salud mental y procuración de protección de niñas, niños y adolescentes; promover entornos escolares seguros, pacíficos y libres de violencia y salvaguardar la integridad, seguridad y vida de toda la comunidad educativa.
La violencia en los entornos escolares ha dejado de manifestarse únicamente mediante conductas de indisciplina o acoso entre estudiantes, dijo la diputada, quien agregó que actualmente se presentan fenómenos mucho más complejos relacionados con violencia física extrema, amenazas, portación de armas, afectaciones a la salud mental, agresiones virtuales colectivas y situaciones que ponen en riesgo la vida no solo de los estudiantes, sino también de los docentes y del personal educativo.
Por otra parte, recordó el caso ocurrido el 18 de enero de 2017 en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, cuando un estudiante de secundaria accionó un arma de fuego dentro del salón de clases, lesionando a su maestra y compañeros, provocando posteriormente el fallecimiento de la docente.
Asimismo, señaló que en Veracruz existen mecanismos institucionales orientados a la atención en casos de violencia escolar, sin embargo no contemplan, de manera específica, los procedimientos de actuación ante escenarios de violencia extrema, tales como incidentes con armas, amenazas graves, posibles ataques dentro de los planteles o situaciones que representen un riesgo inminente para la vida e integridad de la comunidad educativa.
Finalmente, la diputada consideró necesario fortalecer el marco jurídico vigente a fin de incorporar expresamente la obligación de establecer mecanismos de prevención, contención e intervención inmediata ante riesgos graves de violencia escolar, permitiendo así una actuación oportuna, coordinada y eficaz por parte de las autoridades educativas.
La iniciativa, a la que se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura, y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.
