La diputada María Elena Córdova Molina presentó al Pleno la iniciativa que reforma el párrafo segundo del Artículo 13 de la Ley de Educación del Estado, con la finalidad de establecer que deberá incluirse un monto específico para dotar anualmente, días antes de iniciar el ciclo escolar, de un juego de uniforme escolar gratuito a las alumnas y los alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel primaria de todos los municipios de la entidad.
Al exponer su propuesta en la tribuna, la integrante de Movimiento Ciudadano (MC) recordó que la Sexagésima Cuarta Legislatura reformó el citado párrafo con la finalidad de referir que los uniformes escolares gratuitos se entregarán “a los alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel primaria de los municipios que se encuentren dentro de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”.
Agregó que la redacción del párrafo citado excluye a alumnas y alumnos de nivel primaria de municipios que no son catalogados como Zonas de Atención Prioritaria, poniendo en desventaja a estudiantes que habitan en municipios que cuenten con condiciones óptimas de desarrollo y progreso, “pero que la situación económica de sus familias no les permite adquirir sus uniformes escolares año tras año, sin soslayar que tienen que comprar el uniforme deportivo y calzado”.
Por consiguiente, la diputada Córdova Molina con su iniciativa plantea dar absoluta contundencia al establecer que incluir montos específicos se trata de una obligación a fin de otorgar, anualmente, uniformes escolares a estudiantes de escuelas públicas de nivel primaria. Además, se establece la temporalidad para la entrega de la vestimenta, fijándose en que sea días antes de iniciar el ciclo escolar.
Ante sus homólogas y homólogos, la legisladora manifestó que esta medida significaría un apoyo directo a las economías de miles de familias quienes a mitad del año, cuando prácticamente inician los ciclos escolares, ya han tenido gastos que cubrir como obligaciones fiscales y administrativas, así como las necesidades de alimentación, compra de medicamentos, pago de consultas, rentas, créditos hipotecarios y servicios como gas, energía eléctrica, telefonía e Internet, entre otros.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Educación y Cultura. Se adhirieron a la propuesta el Grupo Legislativo del PAN, así como los diputados Héctor Yunes Landa y Adrián Sigfrido Ávila Estrada.
