Durante la decimoctava sesión ordinaria del segundo año, la diputada Victoria Gutiérrez Pérez presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, con la finalidad de fortalecer la justicia social, garantizar una economía moral y corregir los vacíos legales que limitan la protección de los pequeños productores y las comunidades originarias.
Desde la tribuna, la diputada reconoció que la ley federal vigente es un avance en la regulación comercial e institucional del sector. Sin embargo, advirtió que el marco actual prioriza las reglas del mercado y deja en segundo plano el bienestar de las familias cafeticultoras a pequeña escala. De ahí la necesidad de modificar la legislación para que los pueblos indígenas sean reconocidos de forma expresa como sujetos prioritarios de la política cafetalera nacional.
Con esta propuesta, explicó la presidenta de la Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura en Veracruz, se prevé asegurar el acceso preferente de este sector a financiamiento, asistencia técnica, capacitación y canales de comercialización directa, además de resguardar sus conocimientos tradicionales, establece la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas antes de tomar decisiones que afecten sus derechos, subsanando la omisión en normativa actual.
Para garantizar el apoyo al sector, se propone actualizar la definición legal de “persona productora de café”, eliminando requisitos mínimos de producción y registros comerciales obligatorios, lo que facilitará el acceso a programas de fomento a miles de productores independientes y a aquellos en etapa de renovación de cultivos.
La legisladora precisó que la propuesta también impulsa el fortalecimiento de cooperativas y sociedades de producción rural que proteja sus derechos dentro de la cadena de valor. De igual forma, plantea reestructurar la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, abriendo espacios de representación directa para las principales regiones cafetaleras, pueblos indígenas, mujeres productoras y juventudes rurales.
En el ámbito económico, incrementa las facultades de los comités especializados para evaluar el impacto de los intermediarios y la distribución del valor, planteando que los precios de referencia pasen de ser informativos a vinculantes, con lo que se protegerá el ingreso familiar ante la volatilidad internacional. Además, que el Sistema Nacional de Información funcione como un motor activo para el diseño de políticas públicas y no como un simple registro estadístico.
Finalmente, la diputada destacó que en Veracruz ya se trabaja en beneficio directo de las familias cafetaleras mediante una reforma local con enfoque intercultural. Esta norma reconoce plenamente los derechos de los pueblos indígenas del sector y garantiza la consulta previa bajo estándares constitucionales, consolidando un marco de justicia social y desarrollo para las comunidades productoras del estado.
A la iniciativa se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Fue remitida por la Mesa Directiva, para análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, y para su opinión a la Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura en Veracruz.
