La diputada Janix Liliana Castro Muñoz hizo un llamado al gobierno de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumente de manera urgente acciones para atender la emergencia económica y estructural derivada del cierre del ingenio San Pedro en el municipio de Lerdo de Tejada.
La representante del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla hizo uso de la palabra en la Quinta Sesión del Segundo Receso para pronunciarse al respecto. Recordó que dicho ingenio recibe la caña de alrededor de siete mil productores y que de su operación dependen, directa e indirectamente, miles de obreros, cortadores, alzadores, transportistas, cañeros y trabajadores de temporada. En su última zafra molió más de un millón 300 mil toneladas de caña.
Explicó que en los municipios de Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Ángel R. Cabada, Tlacotalpan y Amatitlán, el ingenio es el eje sobre el que gira la vida económica de miles de familias: el crédito del banco, la venta de la tienda de abarrotes, la colegiatura, el flete, la refacción, el jornal. “Cuando el ingenio se para, no se para una empresa: se para toda esta región”, expresó.
La legisladora reconoció que, entre todos los afectados, los cortadores de caña y los jornaleros son quienes carecen de toda protección al carecer de liquidación que reclamar ni de antigüedad reconocida y que muchos de ellos ni siquiera figuran en un padrón.
Desde hace meses –prosiguió-, organizaciones cañeras y productores independientes han denunciado públicamente la caída del precio pagado por tonelada, los descuentos que dejaban al productor prácticamente en ceros tras el arrastre, el corte y las cuotas, y los adeudos acumulados de zafras anteriores. Solicitaron formalmente una auditoría a la factoría y advirtieron que el deterioro llevaría a la quiebra.
A lo anterior la diputada sumó la entrada de azúcar y jarabe de alta fructosa sin restricciones suficientes, las bodegas llenas de azúcar sin mercado, la caída de los precios internos y la ausencia de una política pública para la agroindustria azucarera nacional. Y recordó que en este mismo municipio ya cerró el Ingenio San Francisco.
Ante este panorama, solicitó la intervención del gobierno federal mediante una mesa de atención interinstitucional, encabezada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca), con la participación de los gobiernos estatal y municipales, de las organizaciones cañeras, del sindicato y de los productores independientes.
Liliana Castro pidió además la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la autoridad laboral competente, a efecto de que se vigile el estricto cumplimiento de la preferencia de los créditos laborales y de las indemnizaciones que legalmente correspondan y de que ninguna terminación de la relación de trabajo se dé al margen de la ley.
Junto con esto, la revisión de fondo por parte de la Secretaría de Economía (SE) del régimen de importaciones de azúcar y del ingreso de jarabe de alta fructosa, así como la adopción de medidas de política comercial que protejan a la agroindustria azucarera nacional.
Y a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), que acompañe permanentemente esta gestión ante la Federación, sostenga la representación de los cañeros veracruzanos y despliegue programas de apoyo inmediato en la zona.
