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Garantizar parto gratuito, inmediato y de calidad a veracruzanas, propone diputada

Con el objetivo de fortalecer los derechos de las mujeres gestantes durante el parto y reducir la mortalidad materna en la entidad, la diputada María Elena Córdova Molina presentó una iniciativa ante la LXVII Legislatura para reformar la fracción I del Artículo 17 de la Ley de Protección a la Maternidad del estado de Veracruz.

La propuesta busca establecer de forma expresa el derecho a una atención digna, inmediata y de calidad durante el parto, además de precisar la gratuidad de este servicio mediante la eliminación de estudios socioeconómicos que puedan obstaculizar su acceso.

La legisladora del partido Movimiento Ciudadano (MC) señaló que la maternidad es una etapa fundamental para las familias y la sociedad. Por ello, afirmó, “es obligación del Estado garantizar servicios de salud oportunos y eficientes que protejan la vida tanto de la madre como del recién nacido”.

Advirtió que, a pesar de que la ley vigente existe desde 2015, aún se registran casos de mujeres que dan a luz en la vía pública debido a retrasos administrativos o a la falta de acceso oportuno a los servicios médicos.

Córdova Molina detalló que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Veracruz se ubica entre los estados con mayor número de nacimientos en el país, y alertó que cifras de la Secretaría de Salud federal muestran que la entidad registra una tasa de mortalidad materna superior a la media nacional, lo que refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención obstétrica.

La diputada explicó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de estas muertes son prevenibles con un control prenatal adecuado, detección oportuna de riesgos y asistencia médica calificada, de ahí la pertinencia de la propuesta.

Finalmente, destacó la urgencia de actualizar el marco jurídico estatal para evitar que las mujeres sean rechazadas por razones económicas o retrasos burocráticos. “La atención inmediata no solo es un deber ético y legal, sino una acción crucial para salvar vidas. La salud no es un privilegio, es un derecho”, concluyó.

La propuesta fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, y de Hacienda del Estado. Se adhirieron a la misma el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) y las legisladoras Elizabeth Morales García (PT), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI), Montserrat Ortega Ruiz (PAN) y el diputado Héctor Yunes Landa.