Con el propósito de reconocer el cuidado como una función social esencial y garantizar mejores condiciones de protección para las personas servidoras públicas que asumen responsabilidades familiares de atención y acompañamiento, la diputada Elizabeth Morales García presentó al Pleno una reforma para incorporar a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz la figura de la Licencia Laboral para Personas Cuidadoras.
La propuesta plantea adicionar los artículos 94 Bis y 94 Ter a dicho ordenamiento, a fin de que los trabajadores al servicio del Estado puedan acceder a una licencia con goce íntegro de sueldo de hasta diez días hábiles por año calendario.
Esta medida busca cubrir situaciones extraordinarias relacionadas con el cuidado de familiares dependientes, personas adultas mayores, personas con discapacidad o familiares directos que enfrenten hospitalizaciones, emergencias médicas inmediatas, tratamientos especializados que requieran acompañamiento, atención por discapacidad temporal o permanente, y cuidados de adultos mayores dependientes o personas bajo tutela legal.
Asimismo, la propuesta prevé la obligación de que las dependencias públicas valoren de manera preferente esquemas de trabajo a distancia o modalidades flexibles de asistencia, siempre que las funciones del puesto lo permitan y no se afecte el servicio público.
En tribuna, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) destacó que las labores de cuidado constituyen una actividad indispensable para el bienestar de las personas, las familias y la comunidad, toda vez que permiten garantizar el desarrollo de niñas y niños, el acompañamiento de personas adultas mayores, la atención de personas con discapacidad y el apoyo a quienes enfrentan enfermedades o situaciones médicas complejas.
Sin embargo, subrayó que millones de personas realizan estas tareas sin reconocimiento institucional suficiente y, en muchos casos, enfrentando consecuencias económicas y laborales que limitan su desarrollo personal y profesional.
Señaló que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, estas tareas recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. “Esta situación genera desigualdades estructurales, limita oportunidades de desarrollo profesional y provoca afectaciones económicas para millones de familias”, advirtió.
Finalmente, destacó que esta medida, además de prever un bajo impacto financiero, “puede traducirse en beneficios institucionales relevantes, tales como la reducción del ausentismo injustificado, el fortalecimiento de la productividad laboral, la mejora del clima organizacional y el incremento en los niveles de bienestar de las personas trabajadoras”.
La iniciativa fue remetida por la Mesa Directiva a las Comisiones Permanentes Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, y de Salud y Asistencia. Se adhirieron a la misma los Grupos Legislativos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido Acción Nacional (PAN) así como las diputadas María Elena Córdova Molina (MC), Montserrat Ortega Ruiz (PAN), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y de los legisladores Adrián Ávila Estrada (MC) y Héctor Yunes Landa.
