El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Veracruz presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal y las Leyes de Protección a los Animales y Estatal de Protección Ambiental, ordenamientos todos del Estado, que propone incrementar las penas para evitar la suspensión condicional del proceso en delitos de maltrato, se tipifican nuevas conductas delictivas y se faculta a las autoridades para actuar y perseguir de oficio estos ilícitos.
En la novena sesión ordinaria y en voz de la bancada, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez subrayó que la propuesta prevé para quien cometa estos delitos; de uno a cuatro años de prisión por lesiones y de tres a seis años por muerte, “junto con las agravantes que también se incorporan, recolocan a los supuestos más graves por encima del umbral procesal y devuelven al tipo penal su capacidad de respuesta frente al reclamo social”.
Por otra parte y dado que el régimen actual no tipifica una serie de conductas que otras entidades han incorporado, indicó el legislador, con la iniciativa se agregarían en Veracruz: el abuso sexual contra animales, el abandono que pone en peligro su vida, la sustracción del animal de compañía como instrumento de violencia familiar o de género, y la extorsión utilizando al animal como medio comisivo.
Asimismo, se reformaría la Ley para que las Secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, los ayuntamientos, y la Fiscalía General del Estado (FGE) actúen de oficio cuando tengan conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pongan en riesgo grave la vida, la integridad o el bienestar de uno o varios animales.
El documento refiere que la iniciativa se diseña en estricta consonancia con los criterios fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 365/2024.
En dicha ejecutoria, la Sala precisó que las entidades federativas cuentan con competencia residual constitucional para legislar en materia de protección animal, reconociendo como bienes jurídicos tutelados de forma autónoma la vida y la integridad de los animales en su calidad de seres sintientes y sujetos de consideración moral, diferenciándolos claramente de los delitos de índole patrimonial.
Agrega que el Máximo Tribunal determinó que los tipos penales que sancionan la crueldad y el maltrato animal no vulneran el principio de taxatividad ni constituyen leyes penales en blanco inconstitucionales, al sustentarse en elementos normativos de valoración cultural cuya definición y alcance se integran legítimamente mediante la remisión a la ley administrativa local en la materia.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal.
