La diputada Lucía Begoña Canales Barturen presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento de los Servicios Administrativos, ambos ordenamientos del estado de Veracruz, con la finalidad de fortalecer la Contraloría Interna del Congreso del Estado mediante la actualización de su marco legal, para que sus funciones y atribuciones esté acorde con las recientes reformas, tanto a nivel nacional como estatal.
La iniciativa, presentada durante la Tercera Sesión Ordinaria, enlista las reformas en materia de transparencia y acceso a la información que se realizaron en el país. Refiere la modificación constitucional de 2024 denominada Simplificación administrativa y que derivó en la extinción de organismos autónomos, así como la armonización estatal que, además de hacer lo propio con el órgano autónomo, dio como resultado la entrada en vigencia de una nueva Ley de Transparencia y De Protección de Datos Personales.
Agrega que la citada Ley de Transparencia estatal define a las autoridades garantes como: “Autoridad garante local y los órganos encargados de la contraloría interna u homólogos de los poderes legislativo, judicial, de los organismos autónomos del Estado y de la Universidad Veracruzana”.
Por lo que, considera, debe ajustarse el marco legal para que la Contraloría Interna garantice el correcto funcionamiento del Poder Legislativo bajo los principios de certeza, congruencia, documentación, eficacia, excepcionalidad, exhaustividad, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
De acuerdo con el documento, la Contraloría Interna será el órgano administrativo con autonomía técnica y de gestión, así como con los recursos suficientes y necesarios, que deberán estar etiquetados dentro del presupuesto del Congreso del Estado, para el cumplimiento de sus funciones de prevención, detección, combate y sanción de la corrupción, dependiente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Tiene por objeto verificar el desempeño, vigilancia y supervisión del ejercicio presupuestal, así como el cumplimiento de la normativa, políticas y disposiciones administrativas aplicables en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen el adecuado uso del presupuesto asignado.
Ejercerá funciones de auditoría interna, control y evaluación, desarrollo y modernización administrativa y substanciará los procedimientos de responsabilidad que en esa materia procedan en contra de los servidores públicos del Congreso del Estado.
Entre sus funciones están: diseñar, implementar y supervisar el sistema de control y evaluación de las unidades administrativas del Congreso del Estado, orientadas a mejorar los procedimientos administrativos; vigilar y supervisar que las unidades administrativas cumplan con la normativa aplicable, políticas y programas establecidos por la Jucopo y la Comisión Permanente de Administración y Presupuesto.
Supervisar los procedimientos, actos y contratos de adquisición de bienes muebles e inmuebles y contratación de servicios que se lleven a cabo, de conformidad con la ley de la materia, así como resolver los medios de impugnación que se hagan valer en los procesos de licitación de obras, bienes y servicios; e imponer sanciones a proveedores y licitantes de acuerdo con la legislación aplicable.
Además, vigilar que periódicamente, se realice y actualice el inventario de bienes muebles e inmuebles del Poder Legislativo y proponer a la Jucopo medidas y criterios para su control y participar dentro del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado en las acciones de apoyo que requiera el Sistema de Evaluación y Fiscalización.
De igual forma, conocer de los medios de impugnación presentados en materia de responsabilidad administrativa conforme lo previsto en la legislación aplicable; realizar la certificación de documentos que obren en su poder y propios de la naturaleza de sus funciones; fomentar la cultura de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos y en el ejercicio de las funciones administrativas y fungir como integrante en el Subsistema de Transparencia del Estado de Veracruz, Sistema Institucional de Archivos, entre otras.
Por otra parte, se detallan las atribuciones de las Subcontralorías de Quejas, Denuncias e Investigación; de Responsabilidades Administrativas y Substanciación; de Normatividad, Auditoría y Control, y de Garantía de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.
