Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas con adicciones y garantizar una atención integral y digna, la diputada Naomi Edith Gómez Santos presentó ante la LXVII Legislatura una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud y de la Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares, ambos ordenamientos del estado de Veracruz.
La propuesta, presentada durante la decimoctava sesión ordinaria, establece la obligación de que todos los establecimientos públicos, sociales y privados dedicados a la prevención, tratamiento, rehabilitación y control de las adicciones cumplan con la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, garantizando que la atención sea otorgada con criterios científicos, médicos, éticos y de absoluto respeto a la dignidad de los usuarios.
De igual forma, la iniciativa incorpora nuevas obligaciones para los centros de rehabilitación, entre las que destacan la integración de un padrón actualizado de usuarios con expedientes individuales, el registro de la modalidad de ingreso y la obligación de contar con personal calificado en las áreas médica, psicológica, legal y nutricional. Asimismo, plantea reforzar las inspecciones y la supervisión coordinada entre autoridades estatales y federales.
Además, prohíbe expresamente cualquier forma de maltrato, golpes, amenazas, violencia, vejaciones o actos que vulneren la integridad física y psicológica de las personas internadas, así como la incomunicación con sus familiares o la retención ilegal dentro de los centros.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora Naomi Edith Gómez Santos destacó que las adicciones constituyen uno de los problemas de salud pública más graves a nivel mundial, por lo que requieren atención médica especializada, acompañamiento profesional y un trato libre de estigmas, discriminación y violencia.
“Las adicciones deben atenderse como un problema de salud pública y no desde la criminalización de quienes las padecen. Con esto se busca consolidar un marco jurídico que garantice procesos de rehabilitación seguros, humanitarios y supervisados, privilegiando el respeto a los derechos humanos y el acompañamiento integral tanto para los pacientes como para sus familias”, concluyó.
La propuesta fue remitida para su análisis a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia. Se adhirieron a la misma los Grupos Legislativos de Morena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Acción Nacional (PAN), así como las diputadas Elizabeth Morales García (PT), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y María Elena Córdova Molina (MC).
