Con el objetivo de garantizar que la ciudadanía conozca en un tiempo adecuado cómo y en qué se invierten los recursos públicos, la diputada Elizabeth Morales García presentó al Pleno de la LXVII Legislatura un proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo V al Título Segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el párrafo tercero al artículo 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambos ordenamientos estatales, con la finalidad de crear el Sistema de Compras Abiertas del Estado de Veracruz (SICAVER).
Esta propuesta, explicó la legisladora, busca establecer una plataforma pública, única, obligatoria y estandarizada para que los tres poderes del estado, organismos autónomos, ayuntamientos y entidades paramunicipales, publiquen la información completa de sus procesos de contratación en un plazo máximo de 72 horas.
La iniciativa, refirió García Morales, prevé que la información esté disponible, en tiempo y forma, mientras las decisiones de contratación aún están en curso y los recursos públicos se estén ejerciendo; además de permitir que cualquier persona consulte con claridad, quién realiza la compra, qué bienes o servicios se adquieren, a quién se le compra, el costo y avance del contrato.
Asimismo, detalló, se incorpora un mecanismo innovador de alertas públicas que se activará de forma automática al advertir contratos con montos elevados, modificaciones presupuestales importantes y la concentración de contratos en un mismo proveedor.
Con esta iniciativa, precisó, no solo se fortalece la trazabilidad y se documentan las decisiones institucionales, sino también se garantiza la seguridad de la información sensible, al resguardar, bajo versiones públicas los datos personales y secretos comerciales, en cumplimiento con la ley en la materia.
“Abrir la información permite entender mejor las decisiones públicas y fortalece la confianza entre gobierno y ciudadanía. Este es un momento clave para que Veracruz avance hacia una rendición de cuentas moderna y al alcance de todos”, finalizó.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto.
