El Instituto Nacional de Migración (INM) informó del desmantelamiento de un campamento en el que había más de 400 migrantes de distintas nacionalidades, ubicado en un barrio céntrico de Ciudad de México. Según las autoridades, los migrantes fueron trasladados a distintos estados, en donde se regularizaría su situación.
El campamento llevaba muchos meses instalado ahí y los migrantes vivían bajo carpas y lonas. El lugar estaba cerca de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, la oficina que se encarga de gestionar las solicitudes de refugio y que el 29 de mayo cerró sus puertas sin dar explicaciones.
Muchos migrantes que estaban haciendo su trámite en dicha oficina optaban por quedarse en el campamento que estaba ubicado en una calle cercana. En 2023 también quedó casi vacío de migrantes pero luego volvieron a instalarse. Algunos vecinos se habían quejado porque el lugar no reunía las condiciones necesarias para que vivieran familias enteras con menores.
El desalojo se hizo con un fuerte despliegue de agentes migratorios y de Guardia Nacional, el miércoles en la noche, un día después de que el presidente estadounidense Joe Biden ordenara suspender la tramitación de asilo en su frontera sur cuando las detenciones por ingresos ilegales alcanzaran las 2.500 al día. Actualmente unas 4.000 personas cruzan diariamente de forma irregular a Estados Unidos desde México.
Según el comunicado oficial, agentes migratorios hablaron con cada una de las 432 personas migrantes y de ellas 82 aceptaron su traslado a “espacios migratorios” cercanos a la capital del país donde ofrecieron hacerles los trámites de regularización.
También se informó que nueve de los migrantes que estaban en el campamento fueron llevados a las oficinas del INM en la capital y siete, entre ellos tres menores, a un albergue. Los demás, según el comunicado, decidieron irse de la zona por su cuenta porque contaban con documentos migratorios en vigor.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados mostró su preocupación por el cierre en mayo de las oficinas de la COMAR porque afectaba a cientos de personas que requieren protección y que necesitan que México tenga un espacio de atención “segura y digna”.
