El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso ante la Diputación Permanente armonizar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado con las bases constitucionales locales aplicables a la elección popular de magistradas, magistrados, juezas y jueces y con otras adecuaciones al Código Electoral y a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El proyecto legislativo, turnado a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Receso, se concentra en las atribuciones que corresponden al Congreso del Estado dentro de la convocatoria, evaluación, postulación, aprobación y remisión de candidaturas.
La propuesta de reformar diversas disposiciones y adicionar el Artículo 18 Ter tiene la finalidad de precisar las responsabilidades internas del Poder Legislativo, identificar los actos que debe realizar y asegurar que sus decisiones se adopten dentro de los plazos fijados en la convocatoria, con respeto a las atribuciones de los demás poderes del Estado y de las autoridades electorales.
Plantean que sea a más tardar el 30 de abril del año anterior al de la elección judicial cuando el Congreso publique la convocatoria para integrar los listados de candidaturas y que ésta deba contener las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables, los cargos a elegir y la información necesaria para que las personas interesadas conozcan oportunamente las condiciones de participación.
El Comité de Evaluación integrado por cada poder del Estado estaría conformado por cinco personas honorables y de reconocido prestigio en el ámbito de la actividad jurídica y actuaría conforme a la Constitución Política del estado, a la convocatoria y a los acuerdos de la Comisión Coordinadora, preservando su autonomía técnica en la evaluación de aspirantes y evitando que órganos políticos sustituyan sus valoraciones profesionales.
De entre sus integrantes, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo elegirá a la persona que coordine sus trabajos y participe en la Comisión Coordinadora de los Comités de Evaluación de los Poderes del Estado.
La propuesta prevé también que el Comité aplique criterios, metodologías, exámenes y acuerdos emitidos por la Comisión Coordinadora, integre un listado de las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo y lo depure mediante insaculación pública para ajustarlo a dos personas, garantizando la paridad de género y, cuando corresponda, la especialidad.
El listado depurado sería remitido a la Mesa Directiva para que, por su conducto, sea sometido al Pleno. El Congreso únicamente podría aprobarlo o rechazarlo, sin modificar su integración ni sustituir a las personas seleccionadas, preservando así la objetividad del procedimiento.
Además, los actos, acuerdos y listados, resultados de la insaculación y votaciones serían públicos, salvo la información protegida por las disposiciones en materia de datos personales y transparencia.
Por último, correspondería a la Mesa Directiva y a la Secretaría General, en el ámbito de sus atribuciones, realizar los actos de trámite, publicación, notificación, resguardo documental y remisión necesarios para cumplir la convocatoria y los plazos constitucionales y electorales.
