Mediante una Iniciativa, la diputada Elizabeth Morales García propuso que, antes de que una casa o un terreno pueda pasar de las manos de una familia a las de un tercero como consecuencia de un procedimiento de ejecución, exista una cadena verificable de garantías: certeza sobre el inmueble, regularidad del procedimiento, oportunidad efectiva de defensa, publicidad suficiente, trazabilidad y transparencia.
De acuerdo con su autora, la propuesta parte de una premisa sencilla: antes de que una persona pueda perder su patrimonio inmobiliario mediante un procedimiento judicial, el Estado debe garantizar que el inmueble esté correctamente identificado, que las formalidades esenciales del procedimiento hayan sido observadas y que la persona afectada haya contado con una oportunidad efectiva para ejercer su derecho de defensa.
Por este medio, busca fortalecer a las instituciones encargadas de impartir justicia mediante herramientas preventivas que permitan dar mayor certeza a las partes, a los órganos jurisdiccionales, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a las personas titulares de Notaría y, especialmente, a las familias cuyos derechos patrimoniales pueden encontrarse en juego.
Para ello, la legisladora propone establecer una verificación preventiva reforzada antes de señalar fecha para el remate de un bien inmueble, especialmente cuando la persona demandada o ejecutada no haya comparecido, se haya seguido el procedimiento en rebeldía o haya sido emplazada mediante edictos.
También que, antes de señalar fecha para el remate, se realice una verificación preventiva de las condiciones procesales, registrales y documentales necesarias para garantizar la seguridad jurídica del procedimiento. Esta medida busca aprovechar la información que ya existe en las instituciones para establecer una cadena de certeza documental entre el expediente judicial, el inmueble y su situación registral. La finalidad es que el bien que se remata sea el bien que jurídicamente corresponde al procedimiento.
Proyecta además la creación de un Portal Electrónico de Remates Judiciales del Poder Judicial del Estado que permita consultar información esencial sobre los remates de bienes inmuebles, incluyendo el órgano jurisdiccional, expediente, identificación general del inmueble, ubicación, superficie, medidas y colindancias, avalúo, postura legal, fecha y hora del remate y demás información necesaria para favorecer la participación de postores.
Asimismo, prevé incorporar un mecanismo voluntario de alertas para las personas que acrediten un derecho o interés jurídico legítimo respecto de un inmueble. Esto permitiría que la persona interesada registre voluntariamente determinados medios de contacto, como un número telefónico o una dirección de correo electrónico y pueda recibir avisos informativos cuando se registre o incorpore al sistema un acto o movimiento jurídicamente relevante relacionado con el inmueble que haya asociado.
El objetivo es que pueda reconstruirse documentalmente la ruta que llevó al remate: emplazamiento, oportunidad de defensa, revisión de la rebeldía cuando corresponda, identificación del inmueble, verificación registral, avalúo, publicidad, remate y adjudicación.
De igual manera, antes de la formalización de la adjudicación deberá existir correspondencia entre la resolución judicial, el inmueble materia del procedimiento y sus datos registrales. La finalidad es evitar que una irregularidad documental pueda avanzar hasta la etapa final de transmisión del inmueble.
Con la Adhesión del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas, de la Ley del Notariado y del Código de Procedimientos Civiles, todos del estado de Veracruz, en materia de Protección del Patrimonio Inmobiliario de las Familias Veracruzanas, fue turnada a las Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
