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Buscan mayor certeza y transparencia en elección de personas juzgadoras

Con el propósito de perfeccionar el procedimiento para la elección de personas juzgadoras en Veracruz, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó ante la Diputación Permanente una Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral del Estado. El objetivo es establecer reglas homogéneas y transparentes para la integración de candidaturas y el desarrollo del proceso electoral judicial.

El coordinador de dicha bancada, diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, explicó que la propuesta consiste en adecuaciones al marco normativo vigente para brindar mayor certeza jurídica en cada una de las etapas —desde la emisión de la convocatoria hasta la asignación de los cargos— mediante el fortalecimiento de la evaluación y la coordinación institucional.

La iniciativa prevé que la convocatoria general para integrar los listados de candidaturas sea publicada, a más tardar, el 30 de abril del año previo a la elección judicial, además de plazos obligatorios para la instalación de los Comités de Evaluación, la integración de una Comisión Coordinadora y el cierre del proceso de postulación.

Esta Comisión Coordinadora estaría conformada por las personas que presidan los Comités de Evaluación de cada uno de los tres poderes del Estado. Su función sería homologar criterios, metodologías y exámenes de conocimientos para evaluar a los aspirantes, lo que garantizaría uniformidad sin invadir las atribuciones de cada poder.

Asimismo, se fortalecerían los criterios de selección al determinar que los comités valoren el perfil curricular, la trayectoria profesional y académica, así como la honestidad y buena fama pública de los interesados. También se prevé la realización de entrevistas públicas para evaluar competencias jurídicas bajo metodologías homologadas.

Una vez evaluados los aspirantes, cada comité integraría un listado con las cuatro personas mejor calificadas por cargo. Posteriormente, se realizaría una insaculación pública para reducirlo a dos candidaturas por cargo para cada poder del Estado, respetando la especialidad de la materia y el principio de paridad de género.
En materia de elegibilidad, las personas juzgadoras en funciones que deseen competir por un cargo distinto deberían presentar previamente una renuncia expresa e irrevocable. De incumplirse esta obligación, el Congreso del Estado podría cancelar la candidatura correspondiente.

Por otra parte, propone un mecanismo alterno para evitar retrasos organizativos: se facultaría al Congreso del Estado para determinar el número de cargos vacantes con la información pública disponible, en caso de que el órgano de administración judicial incumpla con remitir oportunamente dichos datos.

Respecto de la jornada electoral, la votación se recibiría en las mismas casillas de las elecciones ordinarias federales o locales, conforme a la legislación general y los convenios de coordinación.

Para garantizar la imparcialidad, quedaría prohibida expresamente la intervención de representantes de partidos políticos en la recepción, documentación, escrutinio y cómputo de los votos de la elección judicial, no afectando sus atribuciones en las elecciones ordinarias concurrentes ni los derechos de observación electoral ciudadana.

El conteo de votos se realizaría directamente en las casillas donde fueron emitidos, siguiendo un orden específico por tipo de cargo. Posteriormente, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) efectuaría el cómputo estatal con base en dichos resultados.

Finalmente, proyectan la incorporación de plazos específicos para que el Tribunal Electoral de Veracruz resuelva las impugnaciones antes de la toma de protesta de las personas electas. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la toma de posesión, las autoridades judiciales competentes realizarían la adscripción de las magistradas, magistrados, juezas y jueces electos.

En su segundo artículo transitorio, la iniciativa prevé que las autoridades en la materia realicen las adecuaciones reglamentarias, administrativas y operativas necesarias antes del inicio del Proceso Electoral 2027-2028.

Con esta propuesta, “se busca consolidar un procedimiento más uniforme, transparente y objetivo para la elección de personas juzgadoras, fortaleciendo la certeza jurídica, la imparcialidad y la confianza ciudadana en el nuevo modelo de elección judicial en Veracruz”, concluyó el legislador su intervención durante la Cuarta Sesión del Segundo Receso del segundo año de labores.

Para su estudio y, en su caso, dictaminación, la propuesta fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales.